Argentina posee uno de los ecosistemas más importantes del mundo, el Gran Chaco es considerado el segundo pulmón verde del continente, y al igual que la Amazonía pierde miles de hectáreas de ecosistema cada año. Desde hace tiempo la organización internacional Greenpeace viene monitoreando la situación en torno a los desmontes y comunicando las cifras de la deforestación en el norte argentino.

El análisis lo hacen mediante el estudio de imágenes satelitales (actuales y pasadas), vuelos por las zonas afectadas y trabajo de campo. El último informe publicado indica que en el primer semestre del corriente año se deforestaron 51.600 hectáreas en las cuatro provincias más afectadas por esta problemática, lo que se traduce en un aumento del 25% en comparación al mismo periodo del 2022 (41.332 hectáreas).

El relevamiento ubica a las provincias del Chaco y Santiago del Estero como las que más desmontes sufrieron, seguidas por Formosa y Salta. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización, indicó que gran parte de los desmontes están fuera de la ley porque “en Santiago del Estero el gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería en lugares donde no está permitido. Mientras que en Chaco la justicia provincial suspendió los desmontes a fines del 2020 –debido a desactualizaciones del Ordenamiento Territorial-, pero las topadoras avanzan igual”.

En Formosa y Salta, la mayor parte de la deforestación está permitida por las autoridades provinciales. Sin embargo, también se registran desmontes ilegales, como el caso del desmonte de más de 11.000 hectáreas a manos del empresario Juan José Karlen.

En Salta, el empresario Karlen deforestó ilegalmente 11.875 hectáreas donde habitaba una biodiversidad única para desarrollar allí negocios agropecuarios. Matar a esta gran porción del ecosistema llevó 10 meses, 18 topadoras funcionando y el trabajo de personas a las que no se les respetaban ni sus derechos básicos, al punto de que la AFIP denunció al empresario por trabajo esclavo. En respuesta, el gobierno provincial le aplicó una multa; pero finalmente acordaron un plan de remediación del bosque, proyecto de restauración que jamás se concretó. Mientras el empresario lucra con esas tierras como si nada.

En ese sentido, Greenpeace advierte que la mayoría de los desmontes son para cambios de uso del suelo, es decir, convertir un monte nativo en tierras destinadas a la agroindustria y la ganadería. En otras palabras, “sacrifican a nuestros bosques para satisfacer una demanda extranjera de carne para la ganancia de los mismos de siempre”, sentencian desde la organización.

Cortesía Greenpeace.

Además, resaltaron que el 80% de la deforestación se produce en estas cuatro provincias. Chaco perdió 24.522 hectáreas en el primer semestre del año, en Santiago del Estero se deforestaron 19.040 hectáreas, en Formosa la cifra asciende a 5.804 hectáreas y en Salta el número es de 2.234.  

La deforestación es un grave retroceso en materia ambiental y climática, señalan. Los bosques nativos son hábitat de un gran número de especies, regulan el equilibrio hídrico, absorben gases de efecto invernadero, generan oxígeno, proveen de alimento y medicina y son parte de la cultura ancestral, destruir los bosques se traduce en devastar todos los servicios ambientales de estos ecosistemas.

Giardini añade que “estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad”. Para él, está claro que “las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio, penalizar los desmontes parece la única solución”. Por eso, Greenpeace convoca a toda la comunidad a participar de la Consulta Popular que llevan adelante para que la gente opiné sobre si está de acuerdo en penalizar la destrucción ilegal de los bosques nativos, los resultados de la consulta serán elevados a las autoridades nacionales.

 

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