El Supervielle bonificará, hasta el 31 de diciembre, las cuentas que todavía no se han migrado correctamente al Nación
La bonificación incluye tanto a quienes han sido “efectivamente migrados”.
Esta mañana, Daniel Rosales, gerente divisional del banco Supervielle, comunicó que la entidad financiera bonificará, hasta el próximo 31 de diciembre, las cuentas de los empleados de la Administración Pública que ya migraron al banco Nación. En primer lugar, el gerente destacó que el 29 de agosto se realizó el traspaso “de todos los pagos y la operatoria de las tarjetas de aquellas personas que efectivamente informó banco Nación”.
La bonificación incluye tanto a quienes han sido “efectivamente migrados”, como a aquellos que han tenido alguna clase de problema durante este proceso de cambio de agente financiero. Dentro de estos últimos, hay casos de personas a las que no les fueron migrados sus saldos de tarjetas de crédito, préstamos ni sueldo; y también situaciones en que al empleado público le migraron el sueldo, pero el Nación no notificó que había que migrar los saldos de tarjetas.
“Si la tarjeta figura activa en el home banking del banco Supervielle, tiene que hacer (el reclamo) a través de la atención virtual que tenemos a través del home banking o de la app, a través de la cual pueden ser atendidos y tener exactamente la información de qué pasa con esa tarjeta”, dijo Rosales, quien luego aclaró que el servicio de atención, ya sea por la página de home banking, la app o los cajeros automáticos es por videollamada.
El gerente aclaró además que la bonificación de las cuentas es hasta el 31 de diciembre y que empezarán a ser cobradas a partir del 1ro de enero de 2023. Quienes deseen dar de baja su cuenta, deberán hacerlo a través del home banking. Esto también se puede consultar a través de las vías que ya mencionó Rosales.
Consultado por la prensa, el gerente precisó que alrededor de 30.000 personas migraron de un banco a otro. Rosales contó además que el Supervielle continúa trabajando con los jubilados de la provincia, las empresas descentralizadas del Gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia.
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