Desde el sector denuncian que el gobierno busca que la Superintendencia de Servicios de Salud deje de financiar prestaciones a personas con discapacidad, para que pasen a depender del Tesoro Nacional, con lo cual quedarán expuestos a los recortes del gasto público.

Pedro Ávalos, vicepresidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País explicó que “hay preocupación en el ambiente de la discapacidad por dos situaciones; por un lado están los retrasos en los pagos a las prestaciones a las personas con discapacidad. Las facturas presentadas en el mes de julio, correspondientes a junio, debían ser pagadas en agosto y eso no ocurrió por lo cual se produjo un cimbronazo en todo el país; por el otro lado, está en discusión el proyecto de DNU que modifica la financiación de las prestaciones”.

“En lugar de venir del aporte de los trabajadores y la contribución de los empleadores, la financiación va a provenir de fondos de la Tesorería, esto ha provocado preocupación porque no es lo mismo recibir financiamiento con dinero fresco que entra todos los meses, que de partidas presupuestarias, que como dijo Massa, si hay plata se paga y si no entra, no se paga”, sostuvo.

Respecto de la demora de los pagos, Ávalos explicó: “En febrero de este año la Superintendencia adelantó $2 mil millones a las obras sociales que deben ser rendidos en diciembre. Ésta es una práctica que venía desde el 2020 con la pandemia y en ese momento estaba justificado. Pero en este momento se adelantó ese dinero con un criterio político. Por ejemplo, el promedio de dinero recibido por cada obra social es de $8 millones, (son 247), es decir 2 mil millones en total. Pero la obra social de los empresarios, OSDE, recibió $113 millones. UATRE, la de los trabajadores rurales con fuertes vínculos con el macrismo y la sociedad rural, recibió $96 millones. Unión Personal, de los estatales, recibió 80 millones. Y camioneros,19 millones, es decir, se distribuyen los recursos como adelanto sin un criterio técnico y con un claro criterio político, no hay grieta porque reciben dinero todos”.

Por otro lado, remarcó que durante “el macrismo se sacaron de la Superintendencia 2 mil millones de dólares de los cuales mil millones fueron a la bicicleta financiera, ese es el dinero que ahora falta para efectivizar el pago de las prestaciones a las personas con discapacidad”.

En cuanto al problema estructural, el referente destacó: “Hay un proyecto de DNU que sacaría del fondo solidario de redistribución la mayoría de las prestaciones en materia de discapacidad y sería transferida al Tesoro Nacional. Como dijo Sergio Massa, no se va a gastar más de lo que se recauda, con lo cual las prestaciones para las personas con discapacidad ya no tendrán un flujo constante sino que dependerá de los vaivenes de la recaudación impositiva y los gastos que tenga el Estado. Ese decreto pondría en peligro en lo inmediato y en el largo plazo el financiamiento”.

Consultado por el universo de personas alcanzadas, afirmó: “Hay más de cinco millones de ciudadanos con discapacidad en el país, de los cuales sólo tienen certificado alrededor de 1.400 millones. Y reciben prestaciones de las obras sociales financiadas por la Superintendencia, alrededor de 150 mil. Habrá 100 mil prestaciones menos financiadas por la superintendencia”.

Por último, señaló: “La Agencia Nacional de Discapacidad tiene la responsabilidad de controlar el programa Incluir Salud, y se le suman ahora las prestaciones que dan 247 obras sociales en todo el país, lo cual es impensable. En Buenos Aires hay 150 mil personas con Incluir Salud y hay solo una sola farmacia para todas ellas. La alternativa es el hospital público, que efectivamente brinda los medicamentos, salvo los oncológicos y psiquiátricos, los más urgentes, necesarios y caros”. “Por eso le decimos no a ese DNU”, concluyó.

Fuente: Radio Gráfica

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