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Revocan la prisión domiciliaria del profesor de básquet acusado de abuso sexual

Figueroa enfrenta graves cargos por abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores, agravados por la edad de la víctima, ocurridos en la Sociedad Italiana de Villa Mercedes.

Revocan la prisión domiciliaria del profesor de básquet acusado de abuso sexual

Figueroa enfrenta graves cargos por abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores, agravados por la edad de la víctima, ocurridos en la Sociedad Italiana de Villa Mercedes.

El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial ordenó que Víctor Hugo Figueroa, profesor de básquet acusado de abuso sexual, permanezca en prisión hasta el juicio oral. Figueroa enfrenta graves cargos por abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores, agravados por la edad de la víctima, ocurridos en la Sociedad Italiana de Villa Mercedes.

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La medida fue tomada tras la apelación presentada por el fiscal de Juicio, Ernesto Lutens, quien argumentó que la prisión domiciliaria otorgada el 1 de noviembre representaba un riesgo procesal y para las partes involucradas. El tribunal, integrado por Marcelo Bustamante Marone, María Monserrath Bocca y Jorge Sabaíni Zapata, consideró fundados los planteos del fiscal y revocó el beneficio, ordenando el traslado del acusado al Servicio Penitenciario Provincial.

El fiscal Lutens enfatizó la falta de sustento científico en las razones de salud esgrimidas por Figueroa para obtener el arresto domiciliario. Además, la Defensora de Niñez y Adolescencia, María Victoria Cortázar, respaldó la apelación, priorizando el interés superior de la víctima. Pascual Celdrán, abogado de la familia, instó a fijar de inmediato la fecha del juicio para garantizar una resolución en tiempo razonable.

Por su parte, la defensora del imputado, Rocío Mediavilla, defendió la medida inicial y aseguró que no existía peligro procesal, postura que fue rechazada por el tribunal.

El Tribunal instruyó a la Oficina Judicial para establecer la fecha del juicio oral con celeridad y garantizar que el acusado reciba el tratamiento médico necesario mientras permanece en prisión. La decisión refuerza la prioridad de proteger los derechos de la víctima y avanzar hacia una resolución judicial definitiva.

 


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