Martínez dijo que el Ministerio Público actúa “de oficio en cuestiones ambientales en donde se vean vulnerados derechos colectivos, como en este caso, cuando se trata de incendios generales”. La actuación “de oficio” es una función ineludible del Ministerio Público contenida en el Art. 5 inc. “e” de la Ley Nº IV-1052-2021 que faculta a los miembros de este organismo a “accionar en defensa y protección del medio ambiente, intereses difusos y derechos colectivos”.

Este mandato se complementa con el Art. 186 del Código Penal Nacional que determina penas de hasta 20 años a quienes se encuentren como responsables de incendios, explosiones o inundaciones.

El Procurador aclaró que puede tratarse del propietario o de quien tenga a su cargo el cuidado del lugar en donde se constate el punto de inicio del incendio. En caso de que este punto sea en zona rural, se busca acreditar si estaban cumplidas las medidas de cortafuegos, es decir, que en ese caso se puede tratar de una posible negligencia. En definitiva, los responsables podrían ser propietarios, ocupantes y/o causantes del incendio.

Desde la Procuración se solicita que, quienes tengan datos relevantes sobre estas causas, los aporten para contribuir a ubicar a los autores de los delitos. 

 

Fuente: Prensa Judicial

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