Dos años y cinco meses pasaron desde que Florencia Magalí Morales fue encontrada el 5 de abril de 2020 sin vida en un calabozo de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara. Sin embargo, hace cuatro meses que la causa no tiene avances.

Fue en mayo pasado que el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes ordenó investigar a los policías involucrados por tortura seguida de muerte. Sin embargo, desde ese momento hubo planteos y presentaciones de sus defensores que aún no fueron resueltas y la investigación permanece estancada.

“Hoy se cumplen 29 meses del homicidio de mi hermana Florencia Magalí Morales. La causa está nuevamente paralizada porque se piden recursos de amparo”, escribió este lunes una de sus hermanas, Celeste Morales.

Cuestionó que los efectivos acusados “están sueltos porque la justicia del juez (Jorge) Pinto los protegió y no ha actuado todavía”.

Pinto es quien lleva adelante la investigación desde el primer momento. Inicialmente, la hipótesis que manejaron fue la de un suicidio, pero la familia de la mujer de 39 años se encargó de desmentir la versión oficial.

El 5 de abril último los parientes de Morales fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi. Fue la primera vez en los dos años que se cumplieron ese mismo día. El funcionario provincial les prometió que actuarían para sacar de la fuerza a los efectivos involucrados. Eso tampoco se concretó.

“No se olviden que en pandemia hubo muertos. Así como no quieren uno nuevo nunca más, tampoco hay que perder la memoria con todos los delitos que se cometieron con mucha impunidad poniendo de pretexto el artículo 205 que muchos violaron”, cuestionó Celeste en su cuenta de Twitter.

El Tribunal de la Segunda Circunscripción Judicial también sugirió en mayo una compulsa al médico forense, Gustavo Lafourcade Durán, para determinar si incurrió en los delitos de encubrimiento agravado -por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y tratarse de un funcionario público-; y de omisión de los deberes de su oficio.

“Como tiene conexión con el procesamiento, nos impide que se siga investigando. Tenemos que esperar que se resuelva para que vuelva de nuevo al Juzgado y lograr la indagatoria por estos nuevos delitos”, explicó el abogado que representa a la familia, Santiago Calderón Salomón.

De esta forma, hasta que el Superior Tribunal de Justicia no se pronuncie sobre las presentaciones, no podrá continuar con el avance de la causa.

El letrado anticipó que luego de esto buscarán la prisión preventiva y modificar la carátula a femicidio.

Fuente: El Chorrillero

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