En un anuncio reciente, la empresa Dánica, perteneciente al Grupo Beltrán, confirmó la apertura de una nueva planta en Córdoba, específicamente en el Parque Industrial Ferreyra, luego de cerrar sus operaciones en Villa Mercedes. La decisión impacta significativamente en el empleo y la economía local.

La suspensión de la producción en Villa Mercedes fue atribuida por Dánica al "incumplimiento de acuerdos vigentes" por parte de los trabajadores afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Villa Mercedes y Río IV. A pesar de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, el conflicto no se resolvió, generando una alta conflictividad y dificultando la operación eficiente en la planta.

Dánica destacó la falta de respaldo de las autoridades de San Luis para resolver los conflictos, lo que condujo a la empresa a trasladar sus operaciones a Córdoba. Se espera que la nueva planta inicie operaciones en unos tres meses, sujeta al escenario político y económico, y empleará a aproximadamente 170 obreros, con una capacidad de producción de 8 mil toneladas mensuales de mayonesa y aderezos.

El cierre de la planta en Villa Mercedes dejó a más de 150 trabajadores sin empleo, y se ha iniciado el pago de las correspondientes indemnizaciones.

Es relevante señalar que, a diferencia de otras empresas del sector, los trabajadores de Dánica pertenecen a la industria aceitera, un sector vinculado a la exportación con un convenio salarial considerablemente más elevado.

Este traslado sigue a cierres parciales en 2022 debido a restricciones a las importaciones impuestas por el gobierno de Alberto Fernández. El Grupo Beltrán, dueño de Dánica, opera seis frigoríficos en Córdoba, así como instalaciones en Santiago del Estero y Catamarca.

En respuesta al cierre de la planta de Dánica, el Sindicato de Aceiteros emitió un comunicado refutando las afirmaciones de la empresa sobre el conflicto laboral, acusándola de difundir información falsa. Según el sindicato, la huelga se debe a que Dánica paga un salario básico mensual de $184,000, mientras que la escala salarial vigente establece un mínimo de $508,000, considerando injusto e ilegal el despido de empleados por reclamos salariales legítimos.

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