“Lo que le tocó vivir fue muy cruel”, opinó Sergio Álvarez, codefensor de G.S., un hombre que anteayer recuperó la libertad tras pasar 13 meses preso acusado de haber abusado sexualmente de una hija adolescente en Villa de la Quebrada. Y es que además de saberse inocente, todo ese tiempo debió compartir pabellón con el presunto verdadero abusador, que fue detenido en junio de 2021 y procesado por el mismo delito que él: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por causar grave daño a la víctima”. Recién en abril de este año la víctima, que hoy tiene 15 años, pudo contar en Cámara Gesell que su padre nunca la tocó y que mantenía una especie de relación amorosa con G.J.J., el otro imputado, que sigue detenido y rumbo a debate oral.

Álvarez y su colega, la abogada Leticia Pereyra Sosa, explicaron que la causa comenzó con la denuncia de una tía de la menor, que vive en Mendoza, pero suele pasar meses en la casa de su suegra en Villa de la Quebrada, que queda junto a la de G.S. y su familia. En 2020, esa mujer se dirigió a la Comisaría 44ª y expuso su sospecha de que la niña, que tenía 14 años, podría ser víctima de abuso.

“Ella refirió que notaba que la relación entre nuestro defendido y la chica era rara, como que tenía una preferencia sobre esa hija por sobre los otros chicos y sobre la señora. Ella hizo esa comparación, como que de mujer a mujer prefería más a una hija que a su esposa”, recordó Pereyra Sosa.

Pero los letrados explicaron ese vínculo con otra cruda historia familiar. G.S., padre de ocho hijos, perdió al mayor en un accidente de tránsito hace unos años. Ese joven era quien lo ayudaba con tareas rurales y changas, y eran los únicos que llevaban sustento a la familia. Fallecido, y con la hermana que le seguía en edad viviendo con su pareja en otra casa, la adolescente de 14 comenzó a acompañarlo a algunos trabajos.

“Hay constancias en la causa, con la testimonial de un director, de que ni ella ni los chicos descuidaron nunca la escuela. También de una pareja dueña de un comercio donde la adolescente solía despostar pollos por la tarde”, argumentó la abogada.

Como parte de la investigación contra el padre, la entonces jueza Penal 3, Virginia Palacios, ordenó un allanamiento y secuestro de todos los dispositivos electrónicos de la familia, que se enviaron a peritar a Delitos Complejos para hallar indicios de presuntos delitos contra la integridad sexual.

Pero antes ocurrió otro hecho. En abril de 2021, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, la adolescente víctima se ausentó todo un día sin que su familia tuviera noticias. Cerca de las 22, la chica llamó a su madre y le dijo que no se preocupara, que estaba en casa de G.J.J., que la supera en edad por unos 40 años. Ofuscada, la mujer le dijo que regresara, pero ella desconectó el aparato.

G.S. y su esposa fueron a la comisaría del pueblo, radicaron una solicitud de paradero y dieron el nombre y apellido de con quién estaba su hija. La Policía fue hasta la vivienda de ese hombre, en la ciudad de La Punta, y lo condujo a la seccional para una declaración informativa.

Mensajes comprometedores

La joven apareció al día siguiente en la casa de un tío en la capital. La trasladaron de nuevo a su localidad y, atento a la denuncia de abuso que había contra su padre la Justicia ordenó una revisación médica, que develó que la chica tenía desfloración del himen y signos de haber mantenido relaciones sexuales.

Pero en ese momento ni la adolescente ni sus hermanos superaron las entrevistas previas para ser interpelados en Cámara Gesell, por lo que no había constancia de qué había sucedido realmente. A pesar de ello, G.S. fue detenido el 13 de mayo de 2021 y procesado con prisión preventiva días después.

“Entendemos que en su momento la doctora Palacios haya querido decretar sobre la causa con perspectiva de género. Lo entiendo. Ella habla mucho sobre la violencia familiar, mucho sobre la defensa de la mujer y de la víctima. Es entendible y comparto que las sentencias y tratamientos judiciales tienen que ser con perspectiva de género, pero ese tratamiento no puede estar por encima de los principios fundamentales del derecho: la proporcionalidad, la culpabilidad y la legalidad”, se quejó Pereyra Sosa.

Cuando Delitos Complejos devolvió el informe del peritaje a las comunicaciones de la familia, aclaró que no habían hallado elementos que coincidan con los puntos de pericia solicitados por la jueza, del presunto delito de abuso por parte del padre. Pero a modo de comentario informaron que en el celular de la adolescente había mensajes que daban cuenta de una relación con otro hombre. Era de G.J.J., así que ordenaron un allanamiento en su morada en La Punta y secuestraron su celular.

“Allí encontraron mensajes hacia la nena donde se demuestra un vínculo amoroso y donde él le dice textualmente lo que tenía que decir cuando le preguntaran por sus relaciones sexuales. También hallaron búsquedas en internet sobre pornografía infantil”, aseguró Pereyra Sosa.

G.J.J. fue detenido el 6 de junio y procesado con prisión preventiva días después. Hasta entonces, Palacios sostenía una teoría de violencia familia, abuso sexual y de que G.S. prostituía a su hija.

La prueba que faltaba

En abril de 2022, a pedido de José Luis Dopazo, abogado de G.J.J., la víctima fue nuevamente evaluada y luego se le tomó una testimonial en Cámara Gesell. “Ella declaró todos estos detalles, dónde estaba cuando desapareció en su casa, que estaba con G.J.J., desde qué época le escribía, cómo comenzó la relación, que mantenían relaciones sexuales, que se encontraban en un descampado, en un sitio especial, cuando el padre no estaba. Que ellos se veían a escondidas y los padres no sabían de la situación, y que ella creía que él la quería. Él la envolvió en esto de mantener una relación”. “Además contó cómo era el trato con su papá, qué es lo que hacía y que nunca dejó el colegio”, reprodujo la abogada.

Con la incorporación de esa prueba pidieron una ampliación de indagatoria para su papá, que se había abstenido en la etapa de instrucción. Dijo, en coincidencia con el relato de su hija, cómo eran los vínculos familiares y los trabajos que hacían. También solicitaron que la tía que había hecho la denuncia original se presentara a declarar para que ellos pudieran interpelarla, pero regresó a Mendoza y nunca se presentó.

Todas esas pruebas, que ya estaban en la causa, fueron puestas a consideración del nuevo juez interviniente, Marcos Flores Leyes, que evaluó el caso y le corrió vista al fiscal para ver si iba a mantener su acusación, pero este último no encontró elementos y se lo devolvió al magistrado.

Como la causa está regida por el viejo Código Procesal Penal, Flores Leyes le giró la resolución a un tribunal de alzada para que se expidiera. Cayó en manos de la Cámara Penal 2, presidida por Hugo Saá Petrino, que en un escrito explicó que desde febrero sentaron como criterio que las causas no se envíen más a consulta, así que el expediente regresó con el visto bueno y el 10 de junio Flores Leyes firmó el sobreseimiento definitivo y la inmediata libertad, aunque recién se concretó este miércoles.

“Perdí todo, mi vida”

Cuando fue trasladado al Juzgado para informarle que quedaba libre, G.S. le dijo a la secretaria del Juzgado de Garantía 3 que por esta situación perdió todo: su reputación, su único trabajo formal, ya que trabajaba en el Plan de Inclusión, y también todos los teléfonos y dispositivos que tanto le costó conseguir para sus hijos y aún están secuestrados. Por eso pidió que le devuelvan sus cosas y también gestionen su reincorporación al plan social, su única entrada fija.

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