Confirmaron el procesamiento de un abogado y una escribana por intentar sobornar a un juez en Villa Mercedes
Fueron imputados por los delitos de "estafa procesal en grado de tentativa", "falsificación de documento privado", "falsedad ideológica" y "tráfico de influencias agravado".
La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento del abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja, la escribana Andrea del Valle Escudero Hernández, quienes fueron acusados de intentar sobornar al juez Juan Carlos Nacul del Juzgado Federal de Villa Mercedes. Ambos fueron imputados por los delitos de "estafa procesal en grado de tentativa", "falsificación de documento privado", "falsedad ideológica" y "tráfico de influencias agravado".
El caso se remonta a julio de 2020, cuando la Policía secuestró cerca de 19 millones de pesos a una familia de Villa Mercedes, que se encontraba en plena pandemia del coronavirus trasladándose por una zona rural de San Luis. Las investigaciones apuntaban a posibles maniobras de lavado de activos y evasión impositiva.
El intento de soborno
Albarracín y Escudero Hernández, que representaban a la familia, presentaron documentación falsa para justificar el origen del dinero, simulando la compra y venta de un campo. Además, Albarracín habría solicitado a la familia 5 millones de pesos para sobornar al juez Nacul con el fin de recuperar el dinero incautado. Sin embargo, la familia no accedió a la coima y decidió cambiar de abogado, lo que llevó a la denuncia que inició esta causa.
El secuestro del dinero
El operativo policial que dio origen a este caso ocurrió el 9 de julio de 2020, cuando efectivos de la Comisaría 19° de Buena Esperanza detuvieron tres camionetas en la Autopista Provincial 55. En los vehículos, que eran conducidos por miembros de una misma familia de Villa Mercedes, se encontraron $18.670.000 en efectivo y dos armas de fuego. Los ocupantes afirmaron que el dinero estaba destinado a la compra de un campo, transacción que no se concretó.
Consecuencias legales
La Fiscalía en Villa Mercedes determinó que la familia había incurrido en evasión fiscal y exigió el pago de los impuestos correspondientes. El dinero secuestrado fue depositado en un plazo fijo, generando intereses, y este año la familia retiró aproximadamente 80 millones de pesos.
La defensa de Albarracín y Escudero Hernández apeló el procesamiento, pero la Cámara Federal de Mendoza rechazó el recurso en agosto de este año, confirmando la resolución del juez Nacul. Ahora solo resta la clausura de la investigación y la elevación de la causa a juicio.
