El precio de la carne podría aumentar un 20% por la remarcación de los frigoríficos
Según informes recientes, los frigoríficos han aumentado el precio del kilo de la media res en un 20%, lo que podría traducirse en un alza de hasta 400 pesos por corte en las carnicerías.
El reciente incremento en el precio de la carne vacuna en Argentina, a pesar de la caída en la demanda interna, ha generado preocupación entre consumidores y especialistas del sector. Según informes recientes, los frigoríficos han aumentado el precio del kilo de la media res en un 20%, lo que podría traducirse en un alza de hasta 400 pesos por corte en las carnicerías.
Para Alberto Williams, titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías en la Ciudad de Buenos Aires, este aumento podría afectar significativamente el acceso de la población a este alimento básico. Según sus estimaciones, un kilo de asado, que actualmente ronda los 6000 pesos, podría alcanzar los 6400 pesos en los próximos días.
Este incremento en el precio de la carne se produce en un contexto de fuerte caída en la demanda interna y aumento de las exportaciones por parte de los frigoríficos. La eliminación de la ley de abastecimiento y la destrucción del Observatorio de Precios podrían haber facilitado este aumento al eliminar mecanismos de control de precios por parte del Estado.
Expertos en economía como Javier Preciado Patiño y Ernesto Mattos señalan que esta situación se enmarca en un proceso de transferencia de recursos hacia los actores exportadores, exacerbado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la devaluación de la moneda. Este fenómeno ha generado una brecha significativa entre el precio de la carne en el mercado internacional y su valor en el mercado interno.
Ante esta situación, surge el interrogante sobre si los frigoríficos están aumentando los precios para compensar las pérdidas por la baja del valor internacional de la carne, o si buscan acelerar un proceso de exclusión social que beneficie a una elite privilegiada. Sin embargo, lo que parece claro es que la falta de regulación estatal ha dejado en manos del poder económico la determinación de los precios, lo que podría tener graves consecuencias para la población más vulnerable.
