Un grupo de intendentes de capitales y ciudades importantes de provincias se ha unido para enfrentar la decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios para las tarifas del servicio público de pasajeros. En una reunión celebrada en la Casa de Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, se redactó un documento en el que los jefes municipales exigen al Gobierno que revierta esta medida y solicitan una urgente reunión con el Ministro del Interior, Guillermo Francos.

La "Red Federal de Intendentes", integrada por 40 miembros y liderada por Pablo Javkin de Rosario y Daniel Passerini de Córdoba, anunció que tomará medidas legales y parlamentarias para detener la eliminación de los subsidios al transporte público. Entre los integrantes de esta red se encuentran Guillermo Montenegro de Mar del Plata, Juan Manuel Llamosas de Río Cuarto, Rosario Romero de Paraná, Juan Pablo Poletti, Santa Fe; Jorge Jofré, Formosa; Mariano Gaido, de Neuquén; Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy; y Maximiliano Frontera, de Villa Mercedes.

En el documento público, los intendentes resaltaron la disparidad en el financiamiento del transporte público entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. Mientras el Estado cubre el 90% del costo del transporte en el AMBA, en el interior solo alcanza el 25%. Consideran que la eliminación de estos subsidios tendrá consecuencias nefastas para las ciudades del interior.

Para contrarrestar esta medida, los intendentes impulsarán un proyecto de ley que modifique la distribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, destinando un porcentaje mayor al transporte público del interior del país.

En declaraciones posteriores al encuentro, Javkin advirtió que la eliminación de los subsidios llevaría a un aumento significativo en el precio del boleto de ómnibus, llegando incluso a los $1000 en algunas ciudades. Otros intendentes, como Jorge de San Salvador de Jujuy, destacaron que estas medidas afectarán a una gran cantidad de argentinos y expresaron su preocupación por la falta de respuesta por parte del Gobierno.

Ante la inminencia del inicio de clases, los intendentes han establecido un plazo para recibir respuestas por parte del Gobierno. De no obtenerlas, están dispuestos a tomar medidas adicionales para garantizar el funcionamiento del transporte público, un servicio esencial para la comunidad.

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