Preocupación del CIN por la Política Oficial en Derechos Humanos
Este lunes, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN emitió un comunicado expresando su preocupación por las posibles consecuencias de algunas medidas oficiales recientes.
Este lunes, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN emitió un comunicado expresando su preocupación por las posibles consecuencias de algunas medidas oficiales recientes.
El comunicado señala:
“Educar en y para los derechos humanos es un principio ético y un objetivo fundamental del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta tarea trasciende las aulas y se realiza en colaboración con organismos estatales y actores sociales. Sin políticas públicas de derechos humanos, esta labor se debilita. Por ello, nos preocupa el desmantelamiento de áreas clave de las políticas de 'Memoria, verdad y justicia'.
La falta de presupuesto, la suspensión de obras, la ausencia de funcionarios responsables en la Dirección Nacional de Sitios y los despidos de trabajadores son problemas graves que afectan los espacios de memoria. Esto no solo pone en peligro la preservación de lugares históricos, sino que también impide la continuidad de actividades de promoción con escuelas y universidades, esenciales para la educación en derechos humanos.
La eliminación del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) del Ministerio de Defensa es un revés significativo. Este equipo había recuperado documentación clave sobre la represión y respondía a los requerimientos judiciales en causas de crímenes de lesa humanidad. Similarmente, el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del INCAA, que filmaba los juicios orales, representa un retroceso en el acceso a la información y la producción de fuentes históricas.
Además, se ha discontinuado la mesa de trabajo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que promovía la desclasificación de documentos. También se ha reducido el equipo del Archivo Nacional de la Memoria y no se ha nombrado un/a director/a para esa área crucial.
La búsqueda y restitución de la identidad de niños apropiados durante la dictadura enfrenta recortes similares. El despido de personal de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI) y la falta de colaboración de otras áreas del Estado dificultan el esclarecimiento de más de 7.000 denuncias en análisis.
Estas medidas ocurren en un contexto de descalificación de las demandas de 'Memoria, verdad y justicia', desde la minimización hasta la negación de los crímenes cometidos, cuestionando los símbolos y atacando a figuras clave de esta lucha. En los últimos meses, actos negacionistas no han sido repudiados por las autoridades.
Repudiamos la visita reciente de legisladores a genocidas presos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Este acto reivindica las formas más perversas del terrorismo de Estado durante la dictadura genocida. Es inadmisible que representantes democráticamente elegidos intenten instalar los actos de la dictadura como ejemplos a seguir.
Estos retrocesos se enmarcan en otras políticas que afectan negativamente los derechos humanos, como la represión a la protesta social, el desmantelamiento de programas dedicados al género y las diversidades sexuales, y la falta de atención a la creciente pobreza.
El fortalecimiento de las políticas de 'Memoria, verdad y justicia' es una obligación del Estado. Conocer lo sucedido, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas es la base para garantizar que estos hechos no se repitan. Desde las instituciones universitarias públicas, educamos en derechos humanos para fortalecer la democracia y responder a las necesidades actuales.
La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del CIN reafirma su compromiso con un mundo de iguales, tejiendo el pasado y el presente histórico para construir futuros.”
