Sin novedades está el expediente que refiere a los presuntos abusos en el primer grado del colegio San Buenaventura por parte del profesor de música, Juan Manuel Chaves, procesado el 15 de marzo por dos delitos. 

Al pedido de nueve Cámaras Gesell que realizó el fiscal Marcelo Palacio Fernández a fines de la semana pasada el juez de Instrucción Penal Nº 1, Alfredo Cuello, no hizo lugar y eso molestó a los papás de los menores que tienen representación legal en el caso. La abogada de ellos, Micaela Eguinoa, le pidió "que no dilate más la causa y que ordene las medidas de pruebas". El responsable de la Fiscalía Nº 2 expresó que "la investigación debería seguir avanzando".

Palacio Fernández había solicitado las entrevistas en Cámaras Gesell a siete niños que nunca habían testimoniado y a dos más que, si bien habían pasado esa instancia, les habría faltado dar detalles. "Esos niños manifestaron a sus padres que querían volver a declarar. Según lo manifestado por una de las mamás serían dos delitos muy graves que involucrarían a ambos profesores, al de música y al de catequesis. Por eso queremos que hagan una ampliación", indicó.

Tras la detención de Chaves, el caso se estancó. Y eso fue uno de los planteos que los tutores de los pequeños le hicieron antenoche al fiscal interino, que asumió hace un mes. "Ellos son los primeros preocupados por la falta de avance de la causa. Quieren que se termine; con los ojos llenos de lágrimas pidieron justicia, exigieron una respuesta pronto. Los puse al tanto de dónde está el expediente y cuáles son los medios probatorios necesarios para investigar cada uno de los hechos de los que fueron víctimas sus hijos. Están preocupados", manifestó.

La Fiscalía también solicitó el acceso al material de multimedia secuestrado de los domicilios de Chaves y del segundo sospechado, el maestro de catequesis, quien hasta el momento no tiene injerencia en el expediente.

A consideración del funcionario, "la investigación debería seguir avanzando, produciendo pruebas que se requieran. Que se exhiba lo peritado porque las partes no han tenido acceso a esos allanamientos que se hicieron en diciembre; no lo conocen, no saben qué hay en la computadora y así no se puede valorar. Además, hablamos de que hay una persona detenida. El Código nos establece un plazo de 60 días para terminar la instrucción y ya llevamos casi 6 meses. Hay que respetar las garantías del detenido, cesar el estado de incertidumbre que pesa sobre los padres y de toda la sociedad local que está expectante por lo que pasó".

El estancamiento es producto de la recusación contra Cuello que hizo la nueva defensa del procesado, que cuestiona que "públicamente se ha denigrado su figura y que no podría actuar libremente porque estaría presionado", según precisó Eguinoa. Por eso, ayer la letrada presentó un documento en el Juzgado para evitar que designen un nuevo magistrado. "Todos los jueces penales tienen causas que son de interés público y las partes en reiteradas ocasiones van a los medios de prensa. Hay antecedentes en nuestros tribunales por causas en su juzgado. Por eso pedimos que no dilate más la causa, tiene que ordenar las medidas de pruebas", reclamó.

La abogada señaló que hasta tanto informen si existe un juicio contra Cuello no es impedimento para seguir la investigación. "Puede ir ordenando medidas probatorias. Él es juez penal, de la urgencia, hay pruebas que se diluyen con el transcurso del tiempo. Las criaturas están abriéndose más y así pueden aportar a los hechos", dijo.

También hay interés por las pericias a los elementos confiscados. Desde mayo intentan acceder a ellos y aún no lo consiguen. "Necesitamos ver los discos rígidos que se hubieran extraído pero el criterio del juez es que el perito nos explique, cuando ha postergado las audiencias. Las búsquedas de internet del profesor de catequesis son terribles, si no accedemos no podemos solicitar la detención que es el próximo paso que tiene que darse", resaltó Eguinoa.

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