En conferencia de prensa realizada en ANSL, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor explicaron la acción judicial -un recurso de amparo- que llevará adelante la Provincia por expreso pedido del gobernador Alberto Rodríguez Saá para frenar el cobro de la compensación retroactiva, la medida que tomó el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación, por el servicio de gas natural.

“El gobernador está sumamente preocupado por la situación en la que ya nos vemos sometidos los ciudadanos de la provincia con estos aumentos indiscriminados de las tarifas y, también, por todo lo que esto pueda repercutir la actividad de los comercios de nuestra provincia y de las pymes, por eso justamente con el jefe del Programa Defensa al Consumidor estamos trabajando codo a codo en esta acción como nos ha pedido y así poder llevar un alivio a la gente de San Luis”, señaló Allende.

“Ayer en horas de la tarde, estuvimos hablando con él. Nos dio la instrucción de iniciar esta acción que será un amparo que, por tratarse de un acto del Gobierno nacional, tramita ante la Justicia Federal. Es decir, ante el Juzgado Federal aquí en la ciudad de San Luis”, agregó.

“Lo que nos pidió el gobernador fue que pensáramos la forma en que esta acción sea beneficiosa para todos los sectores de la provincia, a los usuarios finales a los que consumimos gas en nuestras casas, a las pymes, a los comerciantes, absolutamente a todo el complejo económico de la provincia. Por eso tenemos que trabajar codo a codo con Defensa al Consumidor.

“Los usuarios, los comerciantes, las empresas, ya han pagado las facturas de abril, de julio, de agosto y ahora le quieren hacer un reajuste sobre lo que se pagó. Esta es una norma absolutamente ilegal e inconstitucional. Para explicarlo fácil es como si viniera el dueño de la pizzería a la que fuimos anoche a comer y nos dijera: ‘Mire aumentó la muzzarella, así que me está debiendo plata’. No es así porque a la factura ya la pagué”, sostuvo.

El fiscal Allende recordó el argumento que se tradujo en resolución por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. “La resolución de la Secretaría de Energía pretende trasladar los usuarios, al consumidor final, a los hogares, a los comerciantes, a las pequeñas industrias, el impacto que habría tenido, supuestamente, este gran aumento del dólar que hubo en los últimos meses que pasó de $20 a $40, nos quieren trasladar ese aumento a todos los usuarios, eso es lo que dispone esta normativa de la Secretaría de Energía que van a actualizar además esos montos que, supuestamente, debemos los usuarios y lo vamos a empezar a pagar en cuotas a partir del 1° de enero del año que viene”, destacó

En otro tramo de la conferencia, Allende sostuvo que el Código Civil indica con claridad que no admite normas retroactivas. “Nuestro Código Civil dispone que ninguna norma puede tener un efecto retroactivo, es decir, revisar para atrás lo que se ha pagado y lo que se ha cumplido. En esto todos hemos cumplido pagando nuestras facturas de gas. No nos pueden hacer ahora un aumento retroactivo”, afirmó.

El fiscal de Estado subrayó que el Estado nacional “se está apoyando en una normativa de la década del 90 del Gobierno de Menem cuando teníamos la economía dolarizada que se preveía en aquella ley que las tarifas se iban a ajustar de acuerdo al precio del dólar que era la moneda de la convertibilidad”, recordó.

“Pero hoy nuestra economía dista muchísimo de esa realidad, es más, el proceso hiperinflacionario que hemos vivido en los últimos años ha llevado al dólar a duplicar el valor en pocos meses en el año, pero de ningún modo ni los sueldos, ni las ventas de los comerciantes o las ventas de las pymes pudieron seguir este proceso. Todos hemos perdido frente a este aumento exponencial del dólar. Entonces, es totalmente arbitrario que el Estado nacional pretenda ajustarnos las tarifas por el precio del dólar”, advirtió.

“Esto es absolutamente inconstitucional, ilegítimo, absolutamente arbitrario, no vivimos en una economía dolarizada, ninguno de nosotros tenemos una economía dolarizada y además de esto se ha violado un requisito fundamental en lo que hace a las tarifas públicas que es la audiencia pública. Para fijar un precio de un servicio público se dispone una audiencia pública. Nosotros, los usuarios, hasta el día de hoy, no sabemos cuál es el monto de la deuda, cuál es el valor del dólar que supuestamente quieren poner para cada día en que se facturó el gas, ni sabemos exactamente cuál va a ser el cálculo de la deuda. Cuando lleguemos a enero no sabemos cómo se van a calcular las cuotas que nos quieren hacer pagar”, manifestó.

“Hoy la resolución de la Secretaría de Energía está vigente por lo cual tiene plena aplicación. Seguramente ya estarán haciendo los cálculos de cuánto es lo que pretenden aumentarnos y los valores de las cuotas”, expresó Allende.

Un tarifazo del 3.000 por ciento

El jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, aclaró más detalles de la presentación judicial puntana y dio a conocer el cálculo inflacionario del gas natural desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación. “Esta acción judicial, si sale favorable, será favorable para todos los consumidores de la provincia. No hay necesidad de que los usuarios hagan algún reclamo individual. No hace falta que se presenten en ningún lado con ninguna documentación porque en la factura no les vendrá reflejado nada por ahora. Es una medida que sería a cobrar a partir del mes de enero del 2019 o sea que estamos anticipándonos a que no se cobre”, señaló.

“Además, teniendo en cuenta que ya dictaron otro tipo de resoluciones y que imponen nuevos aumentos que saldrán a partir de octubre acompañan el conjunto del ‘gran tarifazo’ que, desde hace dos años a la fecha, los aumentos rondan aproximadamente un tres mil por ciento”, subrayó el funcionario.