Ni el viento que azota la ciudad, ni el paro de Judiciales, frenó el ímpetu del fiscal de Estado, Eduardo Allende, ni de Montiel Díaz, de Defensa del Consumidor, que por instrucciones expresas del gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, accionaron para intentar frenar el abusivo intento del Gobierno nacional, de cobrar un extra por el gas ya consumido y abonado en cada hogar, comercio, pyme, escuela u hospital de la provincia.

Apenas iniciadas las tareas en el Juzgado Federal de San Luis, se presenta un escrito de 26 páginas en el que se ataca por inconstitucional, arbitrario y lesivo a los intereses de todos los puntanos, la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación.

Con múltiples, irrebatibles y sólidos argumentos que se basan en la Constitución nacional, provincial, el Código Civil e inveterados principios jurídicos, solicitan “la nulidad e inconstitucionalidad” de la Resolución haciendo extensivo su aplicación a todos los usuarios de la provincia de San Luis.

De tener éxito el remedio judicial extraordinario, los puntanos no tendrán que pagar las 24 cuotas extras que pretende la Nación para compensar a las empresas por el aumento del dólar desde el 1º de abril y su impacto sobre la producción de gas.

El martes, en conferencia de prensa, el fiscal Allende y el jefe del Programa Defensa del Consumidor, adelantaron y dieron detalles de esta presentación en la Justicia Federal.

A continuación el escrito presentado por la Provincia:

http://agenciasanluis.com/wp-content/uploads/2018/10/Amparo-de-la-Provincia-de-San-Luis-contra-Resolución-20-2018.pdf