La presión del descontento social, la lluvia de presentaciones judiciales de las últimas horas –incluido un amparo de la provincia de San Luis-, y hasta las críticas dentro del mismo oficialismo parecen haber hecho una vez más dar macha atrás al Gobierno nacional sobre una polémica medida que trasladaba a los usuarios un pago retroactivo de la tarifa de gas, como compensación por la devaluación para las empresas prestatarias.

La rectificación fue informada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien le confirmó esta tarde a los senadores del oficialismo que el Gobierno se hará cargo del aumento adicional retroactivo que lo pagará en 30 cuotas. Además habría adelantado que  preparan una nueva resolución en sintonía con la propuesta del radicalismo para que la suba del gas retroactiva sea afrontada por el Estado y no por los usuarios, y no impacte "sobre la espalda de la gente".

La UCR había enviado una propuesta a la administración de Mauricio Macri para que la compensación a las empresas prestadoras de gas sea afrontada, en un 50 por ciento, por el Estado Nacional, a través de un subsidio de 10 mil millones de pesos que se incorpore en el Presupuesto 2019 que se discute en el Congreso.

Frigerio estuvo reunido con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, los senadores del oficialismo, Humberto Schiavoni, Julio Cobos y Luis Naidenoff; el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, y de las bancadas minoritarias de la Cámara.

El Gobierno publicó el viernes último una resolución de la Secretaría de Energía, que conduce  Javier Iguacel para cobrar una cuota extraordinaria en la factura de gas, que se podrá pagar en 24 cuotas para compensar a las empresas del sector por la devaluación del peso de los últimos meses.

La medida fue cuestionada por la oposición que convocó a una sesión especial para rechazar la resolución y por sectores del propio oficialismo, como el radicalismo, que advirtieron que no se podía trasladar el costo del aumento del precio del dólar a los usuarios.

Por su parte el gobierno de San Luis, ya había presentado en las primeras horas de este miércoles un amparo para frenar la medida que era considerada “Ilegal, inconstitucional y arbitraria”.