Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carvajo trabajan con sus secretarios sobre los votos que sellarán la suerte de Boudou, Núñez Carmona, Nicolás Ciccone -exdueño de la imprenta- y Rafael Resnick Brenner, exfuncionario de la AFIP. Todos pidieron la absolución. Están con prisión preventiva tras las condenas en su contra. Ciccone cumple arresto en su casa por su edad y por su estado de salud.

Si el tribunal de Casación confirma las condenas, el fallo quedará en condiciones de ser ejecutado si los recursos extraordinarios son rechazados por el tribunal, y solo les quedará el camino de un recurso de queja para llegar a la Corte. Es decir que si eso ocurre dejarán de estar en prisión preventiva y comenzarán a cumplir la pena. Los condenados ya llevan presos casi un año, que se descontará del total de la condena.

El fallo podría estar listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza el sábado 20 de julio. Si bien los jueces aún no concluyeron su trabajo, la resolución judicial, que será voluminosa, confirmaría las condenas, aunque hay debate sobre las penas. Confirmar o no una condena contra un exvicepresidente es una decisión de alta sensibilidad política en tiempos de incertidumbre preelectoral.

Amado Boudou fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión como autor de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. José María Núñez Carmona, a cinco años y seis meses de prisión por los mismos delitos como partícipe. Nicolás Ciccone, a cuatro años y seis meses de cárcel por cohecho activo. Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou y arrepentido en el caso, a dos años de prisión, y está en libertad, igual que Guido Forcieri, exasesor de Boudou, condenado a dos años y seis meses de prisión. Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de la AFIP, fue condenado a tres años.

Los acusados apelaron sus condenas y pidieron su absolución. Los cuestionamientos de la sentencia son varios. Uno de ellos es la calificación, ya que los abogados de Boudou, Alejandro Rúa, y de Núñez Carmona, Matías Molinero, plantearon que tanto el delito de cohecho como el de negociaciones incompatibles con la función pública requieren que el funcionario tenga una competencia específica para cometer la conducta que se le reprocha. Y dijeron que Boudou, como ministro de Economía, no controlaba la AFIP, la Casa de la Moneda ni la Secretaría de Comercio, por lo que no pudo haber cometido el delito del que se lo acusa.

Defensa

El exvicepresidente está acusado de haber presionado para que le dieran un plan de pagos especial a Ciccone en la AFIP para levantar la quiebra y a cambio recibir el 70% de las acciones a través de testaferros. Para sostener estos argumentos, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se presentó con un escrito como amigo del tribunal, en favor de Boudou.

Otro de los cuestionamientos está vinculado con la congruencia de las condenas: los jueces del tribunal oral condenaron a una pena mayor que la que pidió el fiscal del juicio, Marcelo Colombo. Impusieron la pena que pidió la Unidad de Información Financiera, que había acusado de lavado, pero no lo hicieron por ese delito. Otro planteo está vinculado a que no se produjo la prueba que reclamaron en el juicio. Boudou pidió saber cómo llegó Vandenbroele a convertirse en arrepentido, a partir de los contactos que mantuvo con el Ministerio de Seguridad. Esta información está en parte de la causa que quedó en la instrucción en manos de Ariel Lijo. El tribunal le rechazó esta pretensión a Boudou. Justamente con este argumento es que Boudou le pidió a la Casación que le solicitara al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla las constancias de su caso por espionaje, ante la eventualidad de que las supuestas presiones vinculadas con los arrepentidos alcanzaran a Vandenbroele. Para apoyar este argumento, se presentó como amicus curiae el experto en derecho procesal Julio Maier.