La Fiscalía de Estado de San Luis, Eduardo Allende, presentó este martes por la mañana un escrito en el que exige a la Corte Suprema el embargo a cuentas del gobierno nacional para hacer efectivo el pago de la deuda ya que, vencidos todos los plazos, la administración de Mauricio Macri, nunca hizo a la provincia una propuesta convincente para cumplir con lo adeudado.

El monto, por los dos juicios, asciende a $20.500.000.000, un monto de importancia para San Luis y que pretende cobrar tras 11 años de juicios, reuniones y trámites ante el Estado Nacional en busca de una respuesta y un acuerdo definitivo –que nunca llegó- y ante la Corte Suprema como máximo organismo judicial del país.

El plazo impuesto por la Corte para alcanzar una salida consensuada por ambas partes venció, no quedan más instancias judiciales y ante la falta de respuestas del presidente Macri y sus funcionarios, el Gobierno de San Luis optó por solicitar los embargos. Ahora habrá que esperar la última decisión de los jueces.

“Después de que la Corte Suprema dictara sentencia, en el año 2016 practicamos liquidación sobre la deuda. Mantuvimos muchísimas reuniones sobre el monto a pagar. Luego, la Suprema Corte, en febrero de este año, determinó que se debía aplicar la tasa pasiva sobre el monto de las deudas. “Nosotros en este término tuvimos numerosas reuniones en las que, a muchas, incluso, asistió personalmente el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Igualmente, la Corte está informada de todos los encuentros que mantuvimos, le informamos que los encuentros eran infructuosos. Cuando nos recibió el ministro Frigerio y cuando nos recibió Dujovne u otros funcionarios siempre elevamos los informes al máximo tribunal sobre los resultados de esas charlas”, adelantó Allende.

“Lamentablemente, la semana pasada se venció este plazo de diálogo sin respuestas serias ni concreta sobre la deuda. Con lo cual este lunes presentamos los escritos en estos dos juicios denunciando ante la Corte el vencimiento del plazo e iniciando la ejecución. Le pedimos que, en forma forzada, le trabe un embargo o de alguna forma haga efectiva esta deuda que Nación mantiene con el Estado de San Luis”, remarcó el fiscal de Estado puntano.

“El monto de los dos juicios es de veinte mil quinientos millones de pesos. Para nosotros es un monto muy importante, sobre todo en nuestro presupuesto provincial. Por ese motivo le informamos a la Corte en las presentaciones que hicimos este martes que para el Estado Nacional no es importante ese monto. Esa cifra significa el 0,53 por ciento del presupuesto anual. No es significativo para ellos, pero sí es importante para nosotros”, explicó.

“Nosotros esperamos que la Corte defina esto a la mayor brevedad posible. Venimos, con mucha paciencia, en torno a esto. Primero esperamos durante casi tres años esperando que se definiera la forma de cálculo de la deuda que recién quedó en claro en febrero de este año, pero antes transitamos por muchísimas reuniones tratando de llegar a algún acuerdo en la forma de pago. Nunca pensamos o exigimos cobrar de un día para el otro el total de lo adeudado, pero nunca obtuvimos una respuesta seria sobre el tema. Incluso hace veinte días, en una reunión en la que nos iba a recibir Frigerio, quedaron en mandar una propuesta y se venció el plazo y no tuvimos respuestas”, lamentó.

“Desde lo institucional es un tema muy delicado que una provincia tenga que embargar a la Nación después de diez años de juicios más otro año de trámites. Esto no empezó ayer, son juicios que empezamos en 2008. Llevamos once años esperando. Es una última instancia. Por eso ahora esperamos que la Corte defina el embargo para cubrir la totalidad de la deuda o bien tome otra medida para hacer cumplir la sentencia y la haga efectiva que, hasta ahora, ha quedado solo en la letra de un fallo”, subrayó.

“La Corte no tiene plazos para definir esto que le solicitamos. Es un tribunal supremo de la Nación. Ellos definen sus tiempos y demás, pero tenemos la esperanza de que defina todo en un tiempo breve. Es un antecedente histórico para el máximo tribunal de nuestro país e incluso para el gobierno nacional. Creo que el Estado nacional se confió en los términos de este plazo de ciento veinte días, no hemos sido una prioridad para ellos. Esperemos que ahora la situación cambie”, afirmó.