Registros no oficiales elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y a los que tuvo acceso Tiempo, le ponen números a la convulsión que, a diario, se verifica en el mercado laboral y de quién, en definitiva, esta concretamente pagando el costo de la crisis que la pandemia ha generado.

Según las estimaciones presentadas en un informe que vio la luz el pasado viernes, 511.162 trabajadores del mercado formal sufren o han sufrido alguna de las modalidades que identifican como de “riesgo laboral” en el período que va desde 15 de marzo hasta el 30 de abril pasado.

Allí, los especialistas incluyen las rupturas contractuales lisas y llanas, que cuantifican en 6648, y las suspensiones, que alcanzan las 11.415 y que para los autores generan una posibilidad de pérdida de la fuente laboral.

Con relación al salario, el informe identifica cuatro modalidades diferentes de afectación de los ingresos de los trabajadores, que involucran a un total de 493.099 empleados. Allí, 39.723 trabajadores sufrieron atrasos en los pagos de los salarios, 103.410 experimentaron reducciones salariales unilaterales por parte de las empresas, mientras que 14.162 fueron suspendidos y, a la vez, vieron reducidos sus ingresos.

La categoría que aporta el mayor número de trabajadores afectados por la crisis  es la que implica una reducción salarial acordada entre los gremios y las patronales, que afectó a 335.099 trabajadores.

En todos los casos, los registros indican que el período crítico fue el de la primera quincena de abril. El informe indica que “en lo relacionado al riesgo salarial se produce un salto fenomenal en la primera quincena de abril pasando de 9 a 81 casos, manteniéndose durante la segunda quincena (74 casos), afectando a 9830 trabajadores en marzo, 287.233 trabajadores en la primera quincena de abril y 196.036 en la segunda quincena”.

El impacto de la cuarentena en el riesgo salarial es diverso. El 69% de los trabajadores afectados se encuentra dentro del subsector industrial que, según los registros oficiales, representa alrededor del 30% del total de la fuerza de trabajo empleada por el conjunto del sector privado.

A la hora de explicar el fenómeno, se destaca la influencia del acuerdo sellado por la UOM con las empresas metalúrgicas al igual que el de petroleros con las prestadoras de servicios de campo. El fenómeno salarial continúa por comercio, con un 17% de afectados, luego servicios, con un 11%, y el sector primario, incluido el minero, que aporta el 3 por ciento.

Despidos

Desde el punto de vista de hechos vinculados a la ruptura contractual o al riesgo de ruptura del contrato laboral, entre el 15 de marzo y el 30 de abril se duplicaron “los casos respecto de los registrados en marzo e incluso siendo más elevados que los registrados posteriormente, en la segunda quincena de abril (de 23 a 41 casos)”. Desde el punto de vista de la medición a escala de la cantidad de trabajadores, se registra “un proceso similar en la cantidad de trabajadores afectados (de 4716 a 7893 y luego nuevamente a 5454)”.

A la hora de analizar la distribución del fenómeno, CEPA detalla que “en el sector privado la amplia mayoría (63%) de los despidos y suspensiones corresponden al sector servicios, seguido por construcción (14%), industria (11%), comercio (8%) y sector primario (4%)”.

En el caso del sector público, los despidos y suspensiones que, según el informe, afectaron a 109 agentes entre provincias y municipios, han sido proporcionalmente muy inferiores con relación al sector privado. Sin embargo, se registra un número importante de afectaciones con relación al atraso del pago del salario de los empleados estatales en particular en lo que se refiere a la reducción de los salarios, que alcanzó a 15.625 casos.

Decretos, prohibiciones y realidad

El período analizado se desenvolvió bajo el amparo de los sucesivos decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobierno. El primero de ellos, el 270/20, que estableció la cuarentena a partir del 19 de marzo, señalaba en su artículo 8 que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo”.

Luego, el decreto 329/20, de prohibición de despidos, flexibilizó la normativa anterior en favor del empresariado al habilitar suspensiones con reducción salarial en acuerdo de partes, incluido el convenio individual.

Sin embargo, la realidad distó de lo que la normativa establecía toda vez que numerosas empresas, tal como lo demuestra el informe de CEPA, dispusieron rebajas unilaterales del salario y no necesariamente sobre la base de la normativa vigente.

La frutilla del postre fue el acuerdo entre la conducción de la CGT y la Unión Industrial. Para los sindicalistas, era la forma de ponerle un piso a la reducción salarial -el 25%-. El informe refleja parcialmente lo acontecido a partir de ese acuerdo sellado el 27 de abril.

A partir de ese entendimiento, 1,81 millones de nuevos trabajadores registrados quedaron sujetos a esas suspensiones y a la reducción salarial, según necesidades de las empresas. El acuerdo, además, pudo haber generado un escenario favorable para que en los sectores no registrados se avanzara en un sentido similar.

Con todo, para los autores del informe, la política de aceptar reducciones salariales a cambio de sostener el empleo resulta “una medida altamente relevante para el futuro próximo. La elasticidad entre actividad y empleo no es similar cuando cae la actividad que cuando se recupera”.

Más despidos y menos huelgas en abril

Según el informe de la consultora Tendencias Económicas, “la conflictividad laboral experimentó un muy pronunciado aumento en abril”. Para el estudio, el motivo estuvo “localizado en despidos y suspensiones, en medio de la cuarentena obligatoria por el Covid-19”.

Sin embargo, el relevamiento concluye que, a pesar de esa realidad, “los paros cayeron estrepitosamente, cumpliendo con la cuarentena”.

El informe, que incluye todas las modalidades contractuales, sostiene que “los despidos sumaron 54.091”, que implican “un aumento del 411,5% anual, a pesar de la implementación de la doble indemnización por 180 días decretada por el gobierno”.

Las suspensiones sumaron 111.172 trabajadores, con un alza del 224% anual.

El relevamiento explica que “los paros sumaron 43.680 trabajadores, que arrojan una muy acusada contracción del 98,7% frente a los 3,47millones de un año atrás”.

A la hora de un análisis cuatrimestral, asegura que las cesantías se incrementaron en forma “gigantesca”, en un 5218,7% anual.

Datos

El viernes pasado se conoció que la Asociación Obrera Minera y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros acordaron el pago del 70% del salario bruto al personal que no preste servicios durante mayo.

El 92% de las autopartistas del país no pagó salarios en abril o lo hizo parcialmente, según un relevamiento de AFAC, la cámara empresaria que las agrupa. Asimismo, el 49% manifestó haber licenciado a más del 50% de sus empleados.

El sindicato de choferes de transporte de pasajeros UTA denunció que en el interior del país, 35 mil trabajadores siguen sin cobrar sus salarios de abril, y que las empresas ratificaron que les resulta “imposible” pagarlo.

El sindicato de los Gastronómicos (300 mil empleados), acordó que en abril y mayo los trabajadores cobren una “prestación no remunerativa” equivalente al 75% del salario neto.

La Asociación Obrera Textil acordó con la Federación de Industrias Textiles el pago de una suma no remunerativa de entre 17 mil y 20 mil pesos por tres meses.