Tres legisladores de Avanzar con el acompañamiento de pares de otros partidos, impulsaron un pedido de informes sobre los hechos que involucran al senador del Frente Unidad Justicialista, Ariel Rosendo.

De esa forma buscan saber cuáles son “las actuaciones existentes” en la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad a partir de la denuncia por violencia de género formulada en agosto de 2019 por la ex pareja del legislador, Ivana Massimino.

La mujer reiteró graves acusaciones en los últimos días contra Rosendo, que incumplió una orden de restricción al entrar por la fuerza a la casa y robar pertenencias, según la denuncia.

Mónica Becerra, Gastón Hissa y María Fabiana Zarate firmaron el proyecto que requiere “todas las gestiones, asistencia o medidas que haya llevado adelante para preservar física y psicológicamente a Ivana Massimino como respuesta a sus presentaciones” el organismo provincial.

En ese contexto preguntaron puntualmente si le entregaron a la mujer un dispositivo antipánico y si el organismo tomó intervención en las causas penales del caso.

Según los legisladores, en este caso el Gobierno “no podría alegar que es una cuestión privada para no responder”.

La iniciativa de los legisladores de Avanzar también fue suscripta por Héctor Díaz (UCR) y Joaquín Mansilla (Libres del Sur) que forman parte del interbloque San Luis Unido.

Al mismo tiempo indagaron si la secretaría de la Mujer realizó en el Senado la capacitación prevista por la Ley Nº 27.469, conocida como “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado. Y si Rosendo estuvo presente.

El Gobierno y el oficialismo parlamentario han guardado silencio sobre los hechos en los que está implicado el senador del Frente Unidad Justicialista electo en 2017 por el departamento Pedernera. Integró la lista que encabezaron Adolfo y Alberto Rodríguez Saá como candidatos a senadores nacionales titular y suplente, respectivamente.

“No podemos permitir que el ciudadano tenga la percepción de que esta Legislatura mira para otro lado cuando se trata de cuestiones vinculadas a sus miembros o que pudieran importar la puesta en marcha de los mecanismos constitucionales para el caso de comisión de delitos por los mismos”, argumentaron los legisladores.

La presidenta del bloque albertista, Mabel Leyes en declaraciones a El Chorrillero dijo que no se pronunciarán, al menos por ahora, y que se están en presencia de un caso de “índole privada”.