Obras Sanitarias Mercedes (OSM) reforzará los controles en las calles para detectar conexiones clandestinas a las redes de agua y cloacas. En los últimos dos meses, los inspectores de la empresa hallaron al menos quince empalmes en diferentes barrios de la ciudad, y señalaron que los casos crecen anualmente. Es por eso que de ahora en más, los denunciarán ante la Justicia.

“Si bien esta problemática existe desde hace mucho, notamos que en el último tiempo ha incrementado y eso nos preocupa. Por lo que consideramos que para frenar esta actitud, que no hace más que perjudicar a los bienes estatales, debemos ser más rigurosos”, manifestó Luis Gil, administrador de OSM.

Hasta el momento, los procedimientos que llevaban adelante los inspectores cada vez que detectaban una irregularidad consistían en labrar un acta al propietario o propietaria del domicilio y luego, el Tribunal de Faltas se encargaba de definir la sanción. En estos casos, la multa por ejecutar una obra de este tipo puede costar entre $18.684 y $31.140, de acuerdo a la gravedad de los daños ocasionados.

“Necesitamos ir al fondo del problema porque pareciera que el castigo no es suficiente. La irresponsabilidad nos genera muchísimos problemas. Primero, el deterioro o los desperfectos que pueden producir en el servicio. Y segundo, la conexión clandestina no está autorizada ni declarada, no tiene planos previos y el usuario no paga los servicios porque no recibe una facturación mensual, debido a que no está registrado”, reclamó el administrador.

A su vez mencionó que también perjudican a los matriculados que trabajan con las condiciones necesarias y de forma regular.

Gil señaló que la razón por la que los vecinos y vecinas optan por la ilegalidad se debe, en parte, a los altos costos que implica adquirir el servicio. Habitualmente, quienes lo solicitan tienen que abonar quince mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), si lo realizan a través de la empresa. El monto aumenta si contratan a un profesional aparte.

En ese sentido, el funcionario comentó: “La semana pasada nos reunimos con el Colegio de Ingenieros, que es el organismo que agrupa a los matriculados. Nos abocamos a tratar el tema de los costos. No queremos interferir en su actividad, es más, estamos a favor de que trabajen y que sean quienes hagan la mayor cantidad de conexiones, pero hay una realidad y es que los precios son altos. Es por eso que les planteamos que sean más razonables a la hora de definir un monto porque de alguna manera eso favorece a las conexiones clandestinas”, consideró.

Otro dato que aportó Gil fue que la mayoría de los infractores trata de conectarse a la red de agua potable. “A veces notamos que están hechas por personas que no saben del tema o que no cuentan con las herramientas necesarias, porque eso queda plasmado en las calles a través de las roturas. Pero en otras ocasiones no es así”, añadió.

En cuanto al relevamiento que llevarán adelante, aseguró que los controles serán más exhaustivos y que recorrerán la ciudad de punta a punta. “Nosotros contamos con un registro de cada obra que se ha realizado y de acuerdo a eso podremos precisar si se trata de un trabajo autorizado o no. Asimismo, quienes se encargan de hacerlos se dan cuenta por las dimensiones físicas y por cómo abrieron la calle, entre otros factores”, dijo.