En una sesión especial, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que prevé una reforma judicial en el ámbito federal. Claudio Poggi votó en contra, mientras que Eugenia Catalfamo lo hizo a favor. Adolfo Rodríguez Saá a último momento comunicó problemas de conectividad y no votó, pero su posición de respaldo a la iniciativa fue adelantada en el plenario de comisiones.

A la hora de las exposiciones, Poggi sostuvo que, si bien es necesaria una reforma profunda, afirmó que “no es el momento”.

“Me parece que en el medio de la pandemia y de la crisis crear cientos de cargos con esos salarios, es una bofetada al pueblo argentino, al trabajador que perdió su empleo, es una bofetada al ciudadano que tuvo que cerrar el taller mecánico, la despensa, la gomería, la peluquería, la hostería, la producción de artesanías. Es  una bofetada, no comparto el proyecto de ley”, sostuvo en su alocución de poco más de seis minutos.

Uno de los puntos que mencionó es la gran cantidad de recursos que se destinará, sobre todo en los sueldos a jueces y secretarios: “Este proyecto está creando decenas de cargos nuevos, de camaristas, secretarios de camaristas, fiscales, secretarios de fiscales, defensores de cámaras, secretario de defensores de cámaras, jueces y secretarios, con salarios mensuales de $200 mil,  $300 mil, $400 mil,  $500 mil o $600 mil”.

“La reforma es inoportuna y no es prioritaria”, manifestó.

Uno de los principales puntos de la iniciativa que impulsa el brazo kirchnerista del Gobierno nacional es que se busca licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. Se trata de una unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en el distrito capitalino.

Por otra parte se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números que van de 24 a 46. Además, se fija un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal, que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

Lo cierto es que llegó al debate rodeada de cuestionamientos de la oposición y con el desarrollo de la masiva marcha del 17 A donde se cuestionó profundamente a sus espaldas. Incluso en la capital puntana y Villa Mercedes tuvieron sus réplicas.

Bajo la misma tónica, Poggi hizo hincapié en la austeridad que debe asumir el Estado nacional en medio de la pandemia del coronavirus, situación que demanda “muchos recursos para asistir a miles de familias”.

“La austeridad tiene que ver con evitar los gastos públicos superfluos, improductivos, inoportunos, no prioritarios que pueden diferirse, más en una Argentina que desde hace años gasta más de lo que tiene, que vive de prestado (…) la terminan pagando con el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, de los jubilados. La desocupación, la pobreza, es lo que paga la crisis de los déficits fiscales”, aseveró.

Uno de los datos que trajo a colación para graficar su postura es que el 50% de las niñas y adolescentes del país están por debajo de la línea de pobreza: “Hay problemas alimentarios a los que hay que asistir, más en esta época de pandemia. Hay que asistir a las pequeñas, a los micro emprendimientos. Las consecuencias de la cuarentena son nefastas porque tienen empleados, si es que los tienen aún, porque si los tienen seguramente han acordado leves aumentos salariales o congelamientos  o reducciones inclusive para mantener supuestos”.

Por otra parte, hizo referencia que no solo el fuero federal requiere un cambio, sino también algunos provinciales para “garantizar su independencia del poder político y del económico”.

“En San Luis para que se haga justicia en un pleito que exista contra el poder político es casi imposible. Ésta también es la Argentina, está Comodo Py pero están también algunas provincias cuasi feudales donde  no hay justicia para nadie, excepto los amigos del poder. Tenemos que defender con uñas y dientes este sistema republicano de gobierno tanto a nivel federal como el provincial”, resaltó.

La senadora Catalfamo apoyó la iniciativa oficialista. Entre sus argumentos mencionó el tratamiento de comisión e hizo propia los dichos de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo: “Viene a poner luz sobre el trabajo  que se desarrolla en la Justicia Federal, viene a agilizar, a transparentar la administración”.

“Busca que los ciudadanos y las ciudadanas reciban un buen servicio  de Justicia, que sea cercano al pueblo y que las resoluciones se tomen se hagan en un plazo de tiempo razonable”, dijo y agregó que la creación de una Cámara de Apelaciones y un nuevo Juzgado en la provincia

“Esto va a traer innumerables beneficios”, aseguró.

En el caso de Rodríguez Saá no intervino en el debate, pero en el plenario de comisiones fundamentó y adelantó su acompañamiento a la ley.

“El senador Rodríguez Saá informó a la presidencia y a esta secretaría que el sistema de internet que abastece el lugar donde estaba se cayó instantes ante de la votación, entonces está ausente”, comunicó el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes.