A poco de cumplir un mes desde que debieron cerrar los negocios, la Cámara de Gimnasios y Afines en San Luis interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, por el decreto que prohibió la actividad del sector en el marco de la segunda ola contra Covid-19.

La presentación, que tiene 28 páginas, es puntualmente sobre el primer párrafo del apartado 6, bajo el fundamento de que “violenta artículos de la Constitución Nacional y la provincial”.

La abogada que representa a la entidad, Carolina Díaz aclaró que no se trata de un amparo y como es en contra del Ejecutivo, deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia. Primero tendrá que dar su dictamen el procurador General, Luis Martínez.

A esto se sumó una medida cautelar para que, mientras se resuelve la acción judicial, los 40 gimnasios que firmaron puedan volver a trabajar.

Al mismo tiempo, mencionó que desde la entrada en vigencia de las medidas locales, no lograron dialogar con el Comité de Crisis para que las revean.

Las primeras restricciones sobre el sector comenzaron el 9 de abril, cuando redujeron la capacidad ocupacional de las instalaciones al 30%. Y el 17 del mismo mes tuvieron que suspender la actividad.

Tres días más tarde, presentaron una nota al Gobierno provincial para tener la habilitación como los demás rubros comerciales. También solicitaron una audiencia para exponer los perjuicios económicos que les provocan las disposiciones.

En simultáneo pidieron una compensación sobre los impuestos y créditos blandos para hacer frente a la crisis financiera.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Gimnasios y Afines, Jonathan Ponce expresó disconformidad con el accionar de la administración de Rodríguez Saá porque “las cosas no son claras”.

Cuestionó que el Gobierno solo los considera comercios cuando se trata de abonar los impuestos, mientras que tampoco tiene en cuenta que forman parte de una actividad declarada esencial en la provincia y el país.

De la misma manera, apuntó a que el año pasado permanecieron cerrados durante meses.

En este contexto, varios propietarios de gimnasios en la provincia tuvieron que rebuscárselas. Algunos ofrecen clases al aire libre (en espacios de los locales o en plazas) y otros alquilan los elementos para que realicen la actividad en sus viviendas.