En el contexto de las medidas que están vigentes en la provincia, comerciantes, trabajadores independientes, gastronómicos, hoteleros, instituciones deportivas, músicos y otros sectores elaboraron difundieron una carta abierta. Los destinatarios fueron el Comité de Crisis, senadores, diputados, el intendente de Merlo y concejales.

En el comienzo del documento tuvieron en cuenta que ya pasó más de un año desde que implementaron las primeras medidas en San Luis: “Esto cambió la vida de todos, nos impactó, con pérdidas de seres queridos, trabajo, proyectos y sueños truncados, nos llevó, con idas y vueltas a reinventarnos una y otra vez”.

Consideraron que los sectores con salario fijo “se vieron más resguardados fluctuando entre zoom, teletrabajo y educación online”, mientras que otros se vieron afectados “de manera diferente”.

“Aquellos que no contamos con ingresos fijos, si no trabajamos no cobramos, ni tampoco podemos sostener el trabajo de aquellos que empleamos”, continuaron.

Del mismo modo, señalaron que debieron adecuarse “a cada protocolo vigente” y así se vieron “siendo entes de control, haciendo ‘trazabilidad’, generando reacciones de todo tipo y tratando de explicar aquello que además de ser inconstitucional era inexplicable”.

“Tiempos en los que trabajamos al 50%, restringiendo el ingreso por pares e impares, a pesar de la poca circulación. Más de una vez nos encontramos excluidos por aquella definición de ‘esencial’ que podía o no incluirte. Siendo que, lo verdaderamente esencial para cada ciudadano, es poder trabajar”, expusieron.

En otro tramo, señalaron que en Merlo “la mayor actividad económica se relaciona directamente con el turismo, la cual ha sido una de las más perjudicadas”.

“Agregado a lo ya complejo de transitar y como si fuera poco, el Gobierno decidió sumar un ente de control, Defensa del Consumidor (lo cual suena irónico) para inspeccionar de manera desprolija y errónea, e implementar un sistema de actas/multas con costos irrisorios e imposibles de costear, todo esto basado y realizado por un ente no habilitado a tal efecto, por personal sin ningún tipo de preparación, registro laboral o aporte”, cuestionaron.

A raíz de esto, pidieron empatía de parte de los funcionarios que integran el gabinete de Alberto Rodríguez Saá.

Mencionaron que ante la imposibilidad de que el intendente Juan Álvarez Pinto tome una decisión sobre las medidas, los vecinos constituidos en asamblea decidieron “desarrollar normalmente” las actividades “en los horarios habituales y sin restricción de pares o impares”.

“Exigimos la nulidad de las actas y multas generadas y pedimos fervientemente que el control esté apuntado a medidas sanitarias reales y concretas para evitar contagios”, reclamaron en otro punto.

Además, subrayaron que no es trabajo del sector “trazar a los clientes”, sino “solo controlar que cumplan los protocolos sanitarios establecidos”.

Por todo esto, instaron al Gobierno para obtener una audiencia pública “con el propósito de explicitar de manera directa, la preocupación de todos los ciudadanos que se ven afectados económicamente, por la situación descripta y en procura de un diálogo fructífero, con intercambio de ideas, se pueda arrimar a una solución integradora”.