Se trata de la jueza Mariel Suárez y del preso Cristian “Mai” Bustos. Ocurrió la semana pasada en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. Ella, además, integró el Tribunal que hace dos semanas lo condenó en Esquel por asesinar al policía Leandro “Tito” Roberts. Votó en disidencia y no apoyó la condena a perpetua.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra una jueza de Comodoro Rivadavia que había mantenido “conductas inadecuadas” con el preso recientemente condenado por el hecho ocurrido en Corcovado en 2009.

Aunque el Superior Tribunal no divulgó las identidades, el diario Jornada accedió al informe interno mediante el cual el agente de guardia reporta a su superior, el jefe de la División Seguridad Interna, todo lo sucedido dentro de un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew.

Allí consta que la jueza en cuestión es Mariel Suárez, de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia; y el detenido, Cristian Omar “Mai” Bustos, alojado en esa dependencia carcelaria y recientemente condenado a perpetua por el asesinato del policía.

El dato no menor es que la jueza Suárez integró el Tribunal que el 22 de diciembre pasado condenó a Bustos en un juicio realizado en Esquel. De hecho, Suárez votó en disidencia la condena a perpetua, solicitando una pena menor.

El inusual caso ocurrió el miércoles pasado dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, “en horas de la tarde”, agrega el comunicado oficial del Superior Tribunal.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, detalla el parte oficial del Poder Judicial.

“De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”, concluye el comunicado del Superior.